¿QUIENES MANEJAN EL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA?

DE ANNCOL (NEW COLOMBIA NEWS AGENCY ANNCOL)

¿Quiénes manejan el narcotráfico en Colombia?

Es la pregunta que hoy nos hacemos los colombianos. Siempre hemos creído que eran los carteles de la droga. En una época creímos que los carteles de Medellín, y luego el de Cali. Acabados éstos, pululan 300 minicarteles bajo la tutela de la mafia de la Casa de Nariño. También nos preguntábamos por qué USA toleraba a Uribe Vélez. Hoy la respuesta está clara, el negocio de las drogas lo maneja la DEA, escribe Domínico Nadal.
Por Domínico Nadal, ANNCOL
La denuncia de Bill Conroy en The Narco News Bolletin ha puesto al descubierto la cuestión cardinal de quién maneja el narcotráfico en Colombia. También produjo una respuesta anodina de la oficina de asuntos internos de la DEA en USA de que investigará a sus agentes, en tanto la oficina de esta agencia en Colombia, desechaba la denuncia y decía que sus agentes son agentes “probos”, es decir, son fieles a la Agencia.
Todo esto nos ha llevado a preguntarnos: ¿Quiénes manejan el narcotráfico en Colombia?
La época de los Carteles
Hubo un tiempo que el narcotráfico era manejado por dos grandes Carteles: el de Medellín y el de Cali. El Cartel de Medellín era liderado por “El Patrón” Pablo Escobar Gaviria, muerto por agentes del Bloque de Búsqueda, y entre sus integrantes estaban Carlos Lehder (en cárceles de Estados Unidos y convertido en “soplón” a cambio de rebajas de pena), Gonzalo Rodríguez Gacha (asesinado por agentes de la DEA y del DAS), y los Hermanos Ochoa (que se beneficiaron de la política de sometimiento de Cesar Gaviria Trujillo y hoy posan de “honrados” caballistas).
El Cartel de Cali de los Hermanos Rodríguez Orejuela, ayudó a las fuerzas del estado a cazar a Pablo Escobar Gaviria, y, mediante un manejo un tanto diferente al Cartel de Medellín, vendieron la imagen de que eran unos “caballeros”. Hoy los dos hermanos están presos en cárceles de los Estados Unidos, extraditados por el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Los minicarteles
Después de haber sido golpeados los dos grandes Carteles, los sucesores de éstos se reúnen en La Calera (Bogotá) y acuerdan conformar minicarteles, a fin de no ser tan evidentes y dificultar la acción de las fuerzas que adelantan “la guerra contra las drogas”.
Esos minicarteles continúan enviando cocaína y heroína a los Estados Unidos –principalmente- y otros países desarrollados, aplicando el principio de la economía de mercado: si hay demanda, hay oferta. Se forman minicarteles en la Costa Atlántica, el Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Nariño, hasta llegar a la increíble cifra de 300 minicarteles en el año 2004.
Era lógico que persistiera un negocio –narcotráfico y narcoconsumo- que mueve más de 700 mil millones de dólares al año (cifras de Noam Chomsky), y que le reporta a los Estados Unidos el 85% de tal cantidad, la cual ingresa y permanece en su sistema financiero, paliando en algo el crónico déficit fiscal que ronda en los 60 billones de dólares al año. A Colombia ingresan, según los datos de algunos académicos, el 10% del producido anual del narcotráfico.
El papel del narcoparamilitarismo
El fenómeno del paramilitarismo, que nace cuando los Hermanos Ochoa y el Cartel de Medellín crean el MAS (Muerte a Secuestradores), es impulsado desde el Estado, especialmente desde Puerto Boyacá por el general Farouk Yanini Díaz. Se reproduce la experiencia del magdalena medio a todo el país y se extiende el paramilitarismo –con la implementación, la consecución de financiamiento entre ganaderos, comerciantes, oligarcas; y el apoyo logístico a las bandas criminales.Los utilizan entre otras cosas para intentar lavarle la cara a las fuerzas militares y evitar las denuncias de que el Estado colombiano violaba los derechos humanos y practicaba Terrorismo de Estado contra el pueblo en su conjunto, el cual tiene en su haber el genocidio del partido de oposición, Unión Patriótica (U.P.).
Pero los oligarcas, ganaderos, comerciantes, no estaban dispuestos a sacrificar sus fortunas en un proyecto costoso y se declaran asfixiados económicamente. Además el estado oficialmente les exigía sacrificios para el financiamiento de la guerra contra la insurgencia armada con los “Bonos de Guerra” y el Impuesto al Patrimonio. Se implementa entonces que los jefes paramilitares financien sus actividades y sus bandas de asesinos con los dólares que produce el narcotráfico. Así se produce la simbiosis que en ANNCOL calificamos desde el principio como narcoparamilitarismo.
Carlos Castaño entra a manejar sus estructuras en actividades del narcotráfico y a reclutar sectores del narcotráfico para sus organizaciones, vendiéndoles "franquicias" y "bloques de autodefensas". Entran en escena los Salvatores Mancuso, “Don Berna”, los “Jorge 20”, los Cuco Vanoy, etc. Esta movida ajedrecística les permite a los narcotraficantes “camuflarse” y ganar que el estado se haga “el de la vista gorda” ante sus actividades, por el favor recibido de la guerra contra-insurgente.
En tanto han permanecido agazapados sectores tradicionalmente vinculados con el narcotráfico en Medellín, en Cali y en otras partes del país, los cuales hoy ocupan altas posiciones dentro del gobierno. Los narcotraficantes siempre han pretendido conseguir algún tipo de “blindaje” a la persecución del estado colombiano y del estadounidense. Por ello incursionaron directamente en la política y corrompieron aún más a los ya corrompidos políticos colombianos. Casos hay, señalemos algunos: el primero, miembro del Cartel de Medellín, hoy es flamante presidente de la República de Colombia.Otros: Alberto Santofimio Botero, Fuad Char, Miguel Pinedo Vidal y los Vives, los Guerra de la Espriella y Guerra Tulena, Jattin, Araújos, Gnecco Cerchar, los Castro del Cesar, y así la lista se volvería interminable por cuanto compromete a toda la “clase” política colombiana.
El papel de Uribe Vélez
El presidente Uribe Vélez ha intentado ocultar su pasado-presente vinculado al narcotráfico. Basta una leída al libro de Joseph Contreras y Fernando Garavito, Biografía no autorizada de Uribe Vélez, para así comprobarlo.
Durante su administración se ha continuado desarrollando el Plan Colombia (dizque para la “Guerra contra las drogas”), ahora llamado Plan Patriota, en los cuales han comprometido 4 mil millones de dólares, según Adam Isaccson, del CPI de los Estados Unidos. Se continúa con las fumigaciones masivas, pero a pesar de esto, se presentan contradicciones entre las informaciones del gobierno colombiano y el gringo por el número de hectáreas erradicadas de cultivos “ilícitos”. Mientras uno dice que han disminuído, el otro dice que han aumentado.
Uribe también ha extraditado más de 210 colombianos solicitados por los Estados Unidos por el “delito de narcotráfico”. La mayoría de estos pertenecientes a “cartelitos” incómodos a los amigos del presidente, mientras tanto los socios y amigos del presidente reciben todos los beneficios.
A los narcoparamilitares les diseña una “política de paz” a su medida, los concentra en Ralito y entrega de arma tras entrega de armas, les da la bendición y les perdona sus “pecados” cometidos en defensa de la “democracia profunda”, es decir, los premia con la “Ley de Justicia y Paz”, que no es más que la impunidad absoluta a sus crímenes de Lesa Humanidad, y les permite como premio legalizar sus inmensas fortunas con el perdón de los “testaferros” de los narcoparamilitares.
¿Quién maneja el narcotráfico?
Contrario a la idea que teníamos los colombianos de que el narcotráfico era manejado por los carteles y minicarteles, a raíz de la denuncia de Bill Conroy, queda al descubierto quién ha manejado realmente el negocio de la droga en Colombia desde siempre. La DEA. Por ello la oficina de la DEA defiende a sus agentes en Colombia y los califica como “fieles” a la agencia.
Recordemos que el embajador USA Lewis Tambs, famoso por acuñar el epíteto de “narcoguerrilla”, fue descubierto años después embarcando cocaína en Costa Rica con destino los Estados Unidos, para con esos recursos financiar la Contra en Nicaragua. ¿Quién lo acompañó en la “aventura”? La DEA.
También nos preguntábamos ¿por qué los Estados Unidos toleraba a un individuo como Uribe Vélez, señalado por su propio gobierno como el número 82 en la lista de personajes “amenazas para la seguridad nacional”? ¿Por qué ha sido tan permisivo con Uribe?
Ahora todo está claro. Uribe representa una pieza en el ajedrez de la política antidrogas de los Estados Unidos, particularmente en los planes de la DEA. ¿Pero no es precisamente la DEA la agencia que tiene los Estados Unidos para combatir el narcotráfico? Así parecía. Ahora sabemos que la DEA es la agencia que adelanta actividades de narcotráfico para con esos recursos financiar actividades contrainsurgentes ocultas en los países de Latinoamérica. De agencia de lucha contra las drogas, pasó a ser agencia que promueve el narcotráfico. Y tal actividad de perpetuación del narcotráfico le permite al gobierno de Estados Unidos meter sus indeseables narices en nuestros países porque “el narcotráfico no disminuye”, para apropiarse de nuestras riquezas: petróleo, oro, níquel, esmeraldas, café, etc.
Ello está más claro en el apoyo que brindan los Estados Unidos a Uribe. En el apoyo que dan al sainete de Ralito. Y en las actividades de los agentes de la DEA en Colombia, entre las cuales menciona el articulista Conroy están la protección a miembros narcoparamilitares y ayuda en las operaciones de lavado de dólares de esos miembros “consentidos” de la DEA.También entendemos ahora la posición del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, cuando echó –literalmente- a esta agencia de la sede del gobierno venezolano.
Pareciera que la doble moral de los gobernantes de los Estados Unidos está manifiesta nuevamente. Recurren a lo inmoral en su lucha contra la insurgencia y la revolución. Maquiavelismo que los llevará inexorablemente a precipitar el fin del imperio, que como el de todos los imperios será estrepitoso, roto por dentro por sus propios vicios.

Columnistas ANNCOL20.01.2006

¿DE QUE SE HABRA ENTERADO AHORA?

SI ESTE HOMBRE ESTÁ AHORA PREOCUPADO ES POR ALGO QUE LE PASARÁ A ÉL, NO POR COLOMBIA...ESO NO LE IMPORTA
Uribe se muestra tenso luego de encuentro con BUSH
Bush AP / GERALD HERBERTEl presidente Bush habla con reporteros
durante su reunión con su similar colombiano
Alvaro Uribe, el jueves 16 de febrero del 2006
en la Casa Blancal en Washington. (Foto
AP/Gerald Herbert)
WASHINGTON (AP) _ El presidente colombiano
Alvaro Uribe, en campaña de reelección y
obsesionado por un tratado de libre comercio
con Estados Unidos, según su confesión, tuvo el
jueves un semblante diferente del mostrado en
muchas oportunidades anteriores tras una
reunión con el presidente George W. Bush en la
Casa Blanca.El Uribe jovial y hasta bromista del pasado ha
sido substituido por un Uribe evidentemente
tenso.En los jardines de la Casa Blanca después de la
entrevista de unos 45 minutos con Bush, Uribe
había dicho que anoche tuvo una fiebre alta, de
39,5 grados, debido a un proceso gripal.Aun así, ha estado cumpliendo un maratónico
programa de actividades, desde las 8.00 a.m. de
cada día, de entrevistas con miembros del
gabinete de Bush y el Congreso para hablar de
la vieja y fluida agenda de drogas y terrorismo
y de la nueva necesidad de Colombia: el libre
comercio.
El viernes, posiblemente el último día de su
visita a Washington, Uribe todavía tiene algunas
más por delante, incluido un encuentro con la
secretaria de Estado Condoleezza Rice.
En una audiencia el jueves ante un panel de la
Cámara de Representantes, Rice admitió que
este año "tenemos algunos pequeños recortes"
presupuestales para Colombia, que el año
pasado perdió 22 aviones en la lucha contra el
narcotráfico.
"Pero no creo que ello debilite el programa de
interdicción", dijo. "Nosotros creemos que éste
es un programa sumamente exitoso".
Rice indicó que en términos generales, la ayuda
a Colombia que estaba pidiendo Bush en su
presupuesto 2007 tampoco tenía grandes
cambios y las asignaciones se mantenían altas
para la ejecución del Plan Colombia contra las
drogas y el terrorismo, y la promoción del
desarrollo rural.
La misma consideración la tiene Uribe en el
plano político y de amistad con Bush.
Uribe es invitado por Bush a la Casa Blanca
cada vez que viene a Washington incluso sin la
intención de entrevistarse. Bush y otros de su
entorno dialogan con amplitud con él sobre
erradicación de cocales, interdicción, ayuda
militar y lucha contra los grupos armados.
Uribe tiene la misma acogida en el Congreso.
Y es que para Estados Unidos la lucha contra
las drogas y el terrorismo son parte de su
interés nacional y Uribe se ha ganado la fama
de hombre duro en ese trabajo. Y el jueves
reiteró que es "un aliado fiel".
Pero, el presidente colombiano ha comprobado
que cuando se trata de asuntos comerciales
puede que el mercado más grande del mundo
se resista a abrirse, e incluso que la alfombra
roja que siempre ha visto no esté bien
extendida para una bienvenida a la Casa Blanca.
"Es muy difícil", dijo Bush en español cuando
en una breve comparecencia al lado de Uribe
un periodista le preguntó si había posibilidad
de cerrar pronto las negociaciones del tratado
al que tanto aspira el presidente colombiano.
Uribe dijo al lado de Bush que "esta reunión ha
sido buena para la democracia y los intereses
de nuestros pueblos, así como para nuestra
guerra compartida contra el terrorismo y
contra las drogas que lo financian".
Ya en los jardines de la Casa Blanca, Uribe lucía
tenso y algo pálido mientras era bombardeado
por preguntas de reporteros colombianos si
podía anunciar un compromiso político para
cerrar las negociaciones antes de su partida a
casa en las próximas horas.
"Nuestros países se han comprometido a llegar
a un acuerdo", dijo. "Pero, por supuesto, no
están todavía allanados todos los detalles por
nuestros negociadores".
En un momento, Uribe, tomó el enjambre de
micrófonos como si fueran los de un acto
público de campaña para las elecciones de
mayo y levantando la voz dijo dirigiéndose a
opositores que lo criticaban en Colombia: "¿A
quién se le ocurre que el gobierno puede estar
en una negociación de esta envergadura si no
fuera con el único propósito de favorecer los
más nobles intereses colombianos? Aquí
estamos, por resolver los problemas del
empleo. Aquí estamos, por resolver los
problemas de la pobreza. Aquí no estamos por
caprichos. Aquí no estamos por tentaciones
ideológicas. Cualquiera que sea el que discrepe
con nosotros en Colombia, por lo menos debe
entender que lo único que estamos buscando
aquí es la superior satisfacción de los
superiores intereses públicos".
EDITORES: Néstor Ikeda es corresponsal de The
Associated Press para América Latina en
Washington.

TODO VALE

Todo vale por Alejandro Angulo S.J*

El final del año 2004, comenzado con la noticia de la negociación con los paramilitares, se cierra con la proclamación de que la mayoría de éstos se están desmovilizando.
20 de enero de 2005DesdeBogotá (Colombia) Herramientas Imprimir EnviarPaíses ColombiaTemas Milicias y grupos paramilitares Guerra de baja intensidad y represión política
¿Para dónde vamos?
Hay quienes dicen que esta es la buena noticia: habrá menos guerreros. Pero hay quienes nos preguntamos cuánto tiempo durará su disminución antes de convertirse en su aumento.
Acerca de la desmovilización no sabemos aún, ni el cómo porque los interrogantes sobre la impunidad no han sido respondidos, ni el dónde porque los lugares elegidos dejan muchas dudas sobre su factibilidad. Solo se nos insiste en que es ya, dejando en claro que la improvisación es la norma. Pero cuando ésta incluye la ignorancia de las comunidades aledañas a los sitios beneficiados por semejante inyección de mano de obra no calificada para labores distintas de las armas, además de la inseguridad económica de los convertidos a la civilidad, uno tiene qué preguntarse: ¿para dónde vamos?
Los escenarios no son brillantes. La inclusión del paramilitarismo dentro de la sociedad es un signo de los tiempos, pero eso no significa que sea la solución deseable porque, en pocas palabras, vamos hacia más de lo mismo. Y como lo mismo es la fuerza en vez de la política y la exclusión en vez de la democracia, más de lo mismo se traduce como aumento de la pobreza por un lado y su correspondiente concentración de la riqueza por otro. Esta tendencia ni es nueva, ni original en el caso colombiano, donde se vienen señalando las desigualdades desde hace rato en su peor forma de conflicto social armado. Lo que sí es nuevo y original es que los valores que hacen posible la convivencia y que se trataron de codificar en la Constitución de 1991, vayan siendo transformados con esa estrategia guerrera y excluyente. Por desgracia, la metamorfosis de los valores mina también la resistencia de quienes defienden los bien comprobados principios de la justicia, la dignidad personal y la libertad.
El miedo
Esa sustitución de los valores de la convivencia por los de la seguridad se demuestra en primer lugar en la prevalencia del miedo. Así como Uribe Vélez logró ser elegido gracias a su promesa de derrotar el miedo, Bush fue también reelegido por la misma razón, y Uribe cuenta con ser reelegido mediante idéntico motivo. Y la paradoja del cuento es que al elegir la fuerza como instrumento para obtener la seguridad, uno y otro combaten el miedo con el miedo. En esta forma hemos entrado en la espiral del miedo, como sin darnos cuenta de que ese túnel no tiene salida.
El individualismo
La segunda muestra de la metamorfosis es la prevalencia del «sálvese quien pueda». Como toda estrategia terrorista, también las empleadas por los dos presidentes aludidos, provocan la pérdida momentánea del buen sentido que se presenta en casos de explosiones o de golpes de mano sorpresivos. La reacción instintiva de la fuga. En este caso, la fuga hacia adelante: que la paguen mis nietos con tal de que me salve yo. La cual en muchos casos ha sido escaparse literalmente del país, pero en otros muchos consiste en la defensa de los bienes personales sin el menor asomo de solidaridad, como lo demuestran muchos de los procedimientos legislativos y judiciales del momento actual en lo tocante a bienestar social, los cuales no tienen la menor consideración por los futuros problemas que su egoísmo conlleva. Esos los tendrán que resolver los que vengan.
Los derechos humanos
Por enésima vez hay que señalar que la hostilidad contra los defensores de los derechos humanos es la marca de fábrica del paramilitarismo. Y las nuevas estrategias para dilatar los homicidios y posponer los secuestros se apoyan sobre el desplazamiento gota a gota, el bloqueo económico y la presión psicológica. Es la prevalencia del «todo vale» porque ni la vida humana es más importante que la propiedad privada, ni la persona humana es más valiosa que el fruto de sus manos. Perdidos estos puntos de referencia que llamamos los derechos humanos no tenemos más alternativa que la lucha de las especies. Este parece ser hoy el escenario más probable para Colombia donde las prioridades se inclinan cada vez más por el enriquecimiento rápido y cada vez menos por el desarrollo humano integral y sostenible.
Alejandro Angulo S.JDirector general del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Colombia.Los artículos de esta autora o autor
Milicias y grupos paramilitares La reparación en duda: alcances de la ley de Justicia y Paz (...) La desmovilización de Ramón Isaza: ¿fin o transformación? Perspectivas de las negociaciones de paz en 2006 La Legión Blanca amenaza con asesinar a participantes (...) Abogado que defiende Rodrigo Granda (FARC-EP) gravemente (...) El pulso entre el presidente Álvaro Uribe y las AUC Reflexiones y propuestas sobre el fenómeno paramilitar Alcaldía de Medellín y ‘paras’ desmovilizados chocan de (...) La demandada ley de Justicia y Paz Cómo agonizar a los 24 + + +
Colombia Guerra o... GUERRA Sueños de escritores Sacerdote, sociólogo, revolucionario ¡Qué dolor dejar de jugar fútbol! ¡ Claman Justicia! ¿Qué calidad de agua consumen los colombianos? Oscura realidad La “caja negra” de las reformas Bajo el Plan “verde” ¿Indígenas vs. campesinos?* + + +
Guerra de baja intensidad y represión política El terrorista en el espejo Asesinado, detenido, desaparecido 04 ¿Por qué desmovilizan a los paramilitares?] Carta Abierta de Mordechai Vanunu Armas que no defienden El combatiente y los terroristas El nuevo rostro del FMI Las guerras mienten Despojo en el Bajo Atrato Notas para un balance de la coyuntura actual en el (...) + + +

La reparación en duda: alcances de la ley de Justicia y Paz en Colombia

Derechos Humanos

La reparación en duda: alcances de la ley de Justicia y Paz en Colombia por Alejandro Angulo S.J*
La desmovilización del paramilitarismo y la reparación de las víctimas están descritas por la Ley 975/2005 y por el Decreto reglamentario 4760/2005; pero sería ingenuo esperar que una ley y su reglamentación desmonten lo que se ha montado mediante relaciones sociales abusivas, establecidas por la fuerza en todos los niveles de la vida del país y favorecidas por la connivencia de muchos de sus líderes.
20 de febrero de 2006DesdeBogotá (Colombia)
Milicias y grupos paramilitares
En ningún rincón de Colombia una ley significa mucho para los grupos al margen de la ley, ni para los de camuflado ni para los de cuello blanco. Por eso tenemos tantas y las hacemos con tanta facilidad. Y por eso estamos en guerra.
Un documento del Grupo de Estudio de Gobierno y Asuntos Internos de la Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirma esa impresión de muchos conciudadanos respecto a nuestra ineficiencia jurídica cuando analiza los retos de la desmovilización y reincorporación de los grupos armados al margen de la ley. Según el DNP las premisas del arreglo institucional son dos: (a) que las entidades encargadas de organizar los procesos tengan la misma importancia y (b) que estén muy bien coordinadas entre sí. Después de tres años de práctica el DNP verifica cómo ambas premisas fallan porque la importancia de las oficinas varía por personalismos, (el presidencialismo tradicional con sus filias y fobias) y porque la coordinación entre las entidades públicas ha sido tradicionalmente deficitaria (los presidentes fílicos y fóbicos no logran tejerla).
Además, la inercia del Estado, las características de los beneficiarios y la improvisación normal en estos programas obstaculizan, a juicio del DNP, la circulación oportuna de la información adecuada. Esta falla es gravísima porque toda la ejecución de la ley depende de los mecanismos de información de que dispongan los tribunales y las víctimas con objeto de que la investigación llegue a buen puerto y se logre fundamentar algún tipo de sanción. Pero, por si fuera poco, a dicha falla se añade que los plazos mínimos para los procedimientos varían entre uno y seis meses: seis para la investigación previa a la audiencia, uno para la subsiguiente. A quien conozca la capacidad investigadora del sistema colombiano le queda claro que tales plazos significan pensar con el deseo.
El Estado, prosigue el DNP, no tiene herramientas para saber si la población desmovilizada se reincorpora de veras a la vida social. Por lo mismo, no sabe si las condiciones de la política se están cumpliendo. Por otro lado, si en Bogotá y Medellín los programas están siendo desarrollados por los gobiernos locales, en los municipios pequeños la cosa no es así. Es la famosa ausencia de Estado de que hablan los politólogos espontáneos. Pero que, en efecto, más que una ausencia corresponde a una presencia ocasional y a una ignorancia afectada que se remedia de forma automática en los momentos de la repartición del presupuesto nacional, porque esas regiones apartadas son el botín soñado por todos los burócratas piratas.
La duda sobre la reparación es, pues, más que justificada. Porque la condición recomendada por el DNP de “generar espacios para la reconciliación” no es tan simple si se tiene en cuenta que el paramilitarismo no ha sido desmontado.
Generar espacios de reconciliación es la única medida de veras eficaz, pero no es la más fácil. A esta deberían dedicarse los mayores y mejores esfuerzos de todos. La ley regula la participación de las víctimas en la definición de la indemnización y restitución. Pero no regula ni la buena voluntad de los reos en confesar, ni la buena fe de los mismos en declarar sus robos, ni la capacidad del Estado para mejorar esa fe y esa voluntad. Tampoco regula la capacidad del Estado para proteger a las víctimas en el caso de que logren obtener las condenas necesarias para proceder a la restitución. Seguimos, como lo saben hasta los niños de escuela, en una situación de hecho y de ejercicio actual de la fuerza. Mucho menos puede el Estado garantizar la investigación de los testaferros, contra quienes la ley se previene, pero sin mejorar los sistemas para encontrarlos y vencerlos en juicio.
Sería entonces, mucho más eficaz, como sugiere el DNP, así no sea tan rápido, que todos colaboráramos más bien a entablar los procesos de entendimiento y negociación entre víctimas y verdugos, ya que al fin y al cabo las víctimas somos todos. Porque el problema no es tanto de voluntad política sino de buena voluntad. Fuerza es lo que ha sobrado, ahora lo que falta es negociación cultural, dado que el núcleo más resistente es el afectivo.
La indemnización y restitución está supeditada, por la ley, a la determinación de responsabilidad en la sentencia condenatoria. Pero esta, viene en últimas a depender de la autoacusación, ya que como se dijo, los plazos máximos para investigar garantizan la imposibilidad de hacerlo en Colombia hoy. Y esperar que los victimarios, que a su vez se creen víctimas, confiesen, es pedir demasiadas virtudes a unos actores que tienen otro sistema de valores. A las gentes hay que creerles lo que dicen...
Alejandro Angulo S.JDirector general del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Colombia.Los artículos de esta autora o autor

El pulso entre el presidente Álvaro Uribe y las AUC

El pulso entre el presidente Álvaro Uribe y las AUC
por Luis Eduardo Celis*
Las discusiones entre las dirigencia de las AUC y el presidente, que han llevado incluso a la suspensión de las desmovilizaciones, tienen razones de fondo.
10 de noviembre de 2005
DesdeBogotá (Colombia)

Milicias y grupos paramilitares

Desde el día en que Diego Fernando Murillo, Don Berna, fue detenido y trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita y luego a la de Itagüí, se abrió un “pulso”, entre la administración del Presidente Alvaro Uribe y el grupo que hoy lidera las AUC.
La temperatura ha subido a su punto máximo cuando el Presidente, en tono enérgico y de manera pública, conminó a la Fuerza Pública a detener a los lideres paramilitares que hagan política sin previa desmovilización y definiciones sobre su situación jurídica, y en anterior alocución había exigido el cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito de junio de 2003 donde se estableció como fecha máxima para culminar la desmovilización del conjunto de la fuerza paramilitar el 31 de diciembre del año en curso, ante el congelamiento de las desmovilizaciones por la detención de Don Berna.
Están claras las motivaciones que han llevado a las partes a “trazar la raya”, de la cual aspiran a no moverse: extradición y ejercicio de la política son los dos temas que están en disputa en estos momentos.
Las AUC aspiran, con sobradas razones, a tener garantías jurídicas y políticas de que no se les aplicará el mecanismo de extradición, el cual pesa como “espada de Damocles”, sobre las cabezas de un importante grupo de líderes paramilitares. Y sobre el segundo punto, el ejercer política “monda y lironda”, igualmente las aspiraciones chocan, porque todo parece indicar que el “recambio” de liderazgos políticos que las fuerzas paramilitares pretenden en buena parte del territorio nacional, los enfrenta con el Partido Liberal y lo que se ha dado en denominar el “Uribismo Urbano” -por ejemplo Germán Vargas Lleras con Cambio Radical y Juan Manuel Santos con el Partido de la U-. Son entonces dos temas enormes los que enfrentan a las AUC con el Presidente Uribe, y aunque en la opinión pública pareciera haber la sensación de que es una “farsa”, (según una encuesta de la Revista Semana, que a la pregunta “Cree que la pelea de Uribe con las AUC es:” le da a esta denominación una opinión del 66.3%, contra un "normal" de 20.3% y un "Muy grave" de 13.3%), lo cierto es que las aspiraciones de las AUC y el Presidente Uribe sí están en distancias importantes.
El Presidente Uribe no puede dar ninguna garantía jurídica en un tema que lo confronta directamente con la administración Bush y es de alta sensibilidad en Washington. En el tema de la extradición nada puede el Presidente ofrecer más allá de su palabra de que no extraditará a quienes se mantengan en el cumplimiento de los acuerdos, respeten la ley y no perturben la vida social, política y económica de Colombia, situación harto complicada porque todo parece indicar que la vocación de las fuerzas paramilitares es la perturbación, evidenciada en un propósito de consolidar sus poderes económicos, sociales y políticos, no actuando de manera civilista, sino recurriendo a la intimidación y a la acción violenta cuando se considere pertinente.
Las fuerzas paramilitares están ante el más importante dilema de toda su historia: se “someten” al estado de derecho y se aplican en un proceso de rectificaciones que los aleje de la intimidación, las prácticas mafiosas, la captura ilegal de rentas, y los lleve al respeto del pluralismo político y el acometer una agenda de verdad, justicia y reparación a fondo, o se mantienen en las zonas grises de la acción ilegal y de esa manera acercan sus pasos a la justicia norteamericana.
Se dice que los Estados Unidos esperan de manera paciente para juzgar en sus tribunales a los que consideran que tienen deudas pendientes. Los paramilitares, deben entonces ganarse la confianza de amplios grupos de la sociedad colombiana que estarían dispuestos a defender unos acuerdos si éstos nos acercan a la paz y a una sociedad de derecho, con inclusión y respeto por los derechos humanos. Igual hacia el futuro se deberá transitar ese camino con las guerrillas de las FARC y el ELN, pero todo parece indicar que lo que cunde en importantes sectores de la sociedad colombiana es la censura y la crítica a un proceso que se ve como poco transparente, ¿o qué otra cosa se evidencia en las voces de César Gaviria y Juan Camilo Restrepo, connotados dirigentes del Partido Liberal y el Partido Conservador respectivamente, que semana a semana presentan críticas y solicitan rectificaciones al Presidente Uribe, frente al proceso con las AUC?.
Cómo se desenvolverá esta crisis está por verse, de momento las dirigencia paramilitar se mantiene en la “dura” y anuncia que se pueden tornar en “subversivos”, afirmación más bien grandilocuente de Ernesto Báez, pero lo cierto es que el “pulso” esta en marcha y hay que estar atentos a los desarrollos de esta situación en las próximas semanas, dos temas demasiado sensibles; política y garantías de no extradición.
Luis Eduardo Celis

EL REGALO DE URIBE

El regalo de Álvaro Uribe:
la mafia colombiana se legaliza
De Agorateca, el sitio de debate libre.
Título original: Álvaro Uribe’s gift: Colombia’s mafia goes legit (http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/uribe_2958.jsp)
Autora: Isabel Hilton
Fecha de publicación: 25 de octubre de 2005
Traducción (floja, eso sí): Julián Ortega Martínez
El plan de Colombia para desmovilizar e integrar a las violentas y narcotraficantes mafias paramilitares es una invitación para criminalizar el estado, según Isabel Hilton.

En el encuentro de ministros de exteriores en Luxemburgo, el 3 de octubre de 2005, la Unión Europea le dio un visto bueno con reservas a un plan de paz para Colombia, el cual las organizaciones de derechos humanos creen que afianzará el poder político y económico de una mafia criminal culpable de narcotráfico, extorsión y flagrantes violaciones de los derechos humanos.

El plan fue concebido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Velez, quien el 19 de octubre recibió el respaldo legal para una reforma a la Constitución colombiana que le permitirá postularse para otro periodo presidencial en las elecciones de mayo de 2006. El plan de paz está consagrado en la Ley de Justicia y Paz, aprobada luego de un intenso debate en junio de 2005 y considerada tan imperfecta por varias organizaciones internacionales que es improbable que traiga justicia o paz.

La ley debe pasar la revisión de la Corte Constitucional, que la puede derogar, pero antes de eso pasarán varios meses y es posible que esa decisión llegue demasiado tarde y no pueda contener las prisas del gobierno por aplicar el plan.

Aún antes de que todo este proceso legal se complete, un informe confidencial de la UE recomienda (brindar) "un discreto apoyo político y cauta ayuda práctica" al plan, mientras advierte que tiene un "énfasis insuficiente en la necesidad de un efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares", que difumina las distinciones entre lo político y lo criminal y no permite el tiempo suficiente para la investigación de los crímenes así como (otorga) "oportunidades limitadas para que las víctimas reciban las reparaciones".

Diplomáticos franceses han "expresado serias reservas" sobre el informe y dudan de si la ley puede entregar resultados positivos. A pesar de estas advertencias, la cumbre de cancilleres de la UE de Luxemburgo le dio su aprobación.

[editar]Una cultura de la violencia
El plan aparenta ofrecerle paz a un país arruinado por más de cuatro décadas de conflicto interno. Estipula la desmovilización de los grupos armados tanto de izquierda como derecha, pero hasta ahora, los mayores beneficiarios han sido las fuerzas paramilitares de extrema derecha colombianas, las cuales Estados Unidos y la Unión Europea consideran -junto con las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- como organizaciones terroristas. Los EUA también los reconocen como los mayores traficantes de cocaína colombianos.

Uno de los beneficiarios del plan, en forma de miembro "desmovilizado" de un grupo paramilitar, lo ha descrito como "una farsa... una manera de acallar al sistema y volver otra vez, comenzar de nuevo desde el otro lado". Otro pistolero admitió que había estado involucrado en masacres de hombres, mujeres y niños: "A veces uno los mata con machete, porque a uno no le queda otra cosa". Ahora, porta un certificado del gobierno asegurando que él "no tiene problemas con la justicia".

El gobierno Uribe ha realizado un intenso 'lobby' por la respetabilidad internacional del plan y ha acusado a las organizaciones de derechos humanos que se oponen a él de simpatizar con las guerrillas de izquierda colombianas. El visto bueno del consejo de cancilleres de la Unión Europea es considerado una gran victoria diplomática. Pero el plan consagrará el poder de una mafia criminal que se ha enriquecido por más de veinte años de alarmante violencia, financiada por las ganancias de la cocaína y de otros negocios ilícitos.

Con la generosa ayuda del ejército colombiano y de ricos terratenientes (quienes, como un paramilitar explicó, "nos pagaban como si fuéramos sus escoltas") esta mafia se ha apoderado de grandes extensiones de tierra para el cultivo de la coca y ahora se jacta de sus ganancias. "No era una lucha por Colombia. Era una guerra del narcotráfico", dijo un ex comandante de cuadrilla.

Un paramilitar aclaró que sus comandantes nunca dejarían sus negocios ilícitos: "El proceso de desmovilización es una manera de limpiar a los mandamases. Hay un sistema: entran a una finca, matan o echan a un hacendado y esa finca es entonces transferida a uno de los de la línea dura… Cuando ingresan a la legalidad (al desmovilizarse), van a decir que ya poseían esa tierra desde antes".

Hace dos años, algunos comandantes paramilitares iniciaron diálogos con el gobierno con la esperanza de evitar la extradición a los Estados Unidos por narcotráfico. Desde entonces, miles de hombres armados han ingresado a los programas de reinserción gubernamentales. La ley de Justicia y Paz acelerará este proceso; apoyada por sus laxos términos, una fuerza de 400 hombres que un señor de la droga heredó de Pablo Escobar, el narcotraficante más conocido de Colombia, se ha unido al programa.

[editar]Un sistema de impunidad
Los términos de la ley le dan virtual impunidad a esta mafia: sus miembros no son obligados a confesar, sino que se les recompensa generosamente por una "declaración voluntaria". Un juez sólo tiene treinta y seis horas para decidir un juicio y, aún así, las sentencias son leves. A cambio, un narcotraficante puede evitar la extradición alegando excepción de cosa juzgada. Entonces queda libre para conservar sus bienes robados y aspirar al congreso.

Si son elegidos, los jefes paramilitares colombianos pueden encontrar agradable compañía, según un importante comandante, Vicente Castaño Gil, quien ha hecho alarde de que el 35% de los miembros del Congreso nacional de Colombia son "amigos" de los paramilitares (http://es.wikinews.org/wiki/Jefe_paramilitar_declara_en_entrevista_que_las_AUC_controlan_el_35%25_del_congreso_colombiano) y predice que "para las próximas elecciones, (los paramilitares) habrán incrementado ese porcentaje".

Incluso ahora, la mafia paramilitar controla muchas comunidades, incluyendo gran parte de la ciudad de Medellín, y tienen el suficiente dinero para reclutar nuevos miembros para reemplazar a aquellos que se reinserten. El gobierno admite que los narcotraficantes poseen cerca del 50% de las mejores tierras colombianas y, bajo el plan, serán capaces de ingresar a la sociedad con su capital, su poder político y sus redes criminales intactos.

La inversión que han hecho en política ha valido la pena. Iván Roberto Duque (también conocido como Ernesto Báez), un líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, una importante fuerza paramilitar, ha reconocido que quiere "legitimar el poder de las AUC e incluirlo en un gran movimiento político". Explicó que "por muchos años... (los paramilitares) han intervenido en política, introduciéndose íntima y permanentemente en los procesos (políticos) locales y regionales, y construido estructuras de política regional y local".

Como explica un reciente estudio, el objetico principal es "lograr el monopolio de una serie de actividades que son propensas al control del crimen organizado, como las ventas mayoristas, la extorsión y el chantaje, el narcotráfico y, como meta superior, la apropiación del poder político en las ciudades". Los políticos legítimos advierten que este plan significará que la democracia colombiana quedará subordinada a estos grupos criminales.

Un detallado informe de Human Rights Watch encuentra que el gobierno de Uribe apenas ha intentado quebrar el poder de los grupos que la Comisión Colombiana de Juristas estima que han asesinado a cerca de 13.000 personas desde 1996 (y esta cifra excluye secuestros, tortura y extorsión o desplazamiento forzado). Hay una escasa esperanza de justicia para las víctimas: de los 5.000 paramilitares que se han desmovilizado, sólo veinticinco han sido detenidos por atrocidades hasta abril de 2005. El gobierno afirma que hay un cese al fuego paramilitar, pero se ha hecho el de la vista gorda ante las reiteradas violaciones: un comandante está volviendo a la legalidad aun después de ordenar el asesinato de un congresista en abril.

El gobierno de Uribe ha ignorado las críticas de la ley desde una amplia gama de fuentes -incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios senadores estadounidenses y una serie de organizaciones no gubernamentales. El propio informe de la Unión Europea reconoce varias de estas preocupaciones. Lo impactante es que, a su juicio, eso parece hacer muy poca diferencia.

ARTICULOS SOBRE URIBE

ENCONTRADO EN INTERNET:

El proceso de paz en Colombia, en su momento más crítico

Los paramilitares se adueñan del futuro de Uribe
Por Carolina CaroLa situación de paz que ha logrado Álvaro Uribe en Colombia y que le ha situado como uno de los presidentes con mayor popularidad de la región puede llegar a su fin. Mientras los guerrilleros desmovilizados piden más dinero, los paramilitares amenazan con dejar la mesa de diálogo y volver a las armas. El mayor logro de Uribe puede convertirse en su mayor fracaso.Si el proyecto de ley "justicia y paz" es aprobado en el Congreso, los guerrilleros volverán a armarse. Con el proyecto de ley para permitir la reelección de los presidentes en proceso de aprobación, Álvaro Uribe se enfrenta a un momento crítico en su administración. Si el plan fracasa el presidente recibirá un duro golpe del que no podrá recuperarse a tiempo ante la inminente cercanía de las elecciones, en mayo de 2006.Este proyecto de ley ha sido debatido esta semana en el Congreso y ha superado el primero de los debates, sin embargo, uno de los puntos que garantizaban el diálogo con la guerrilla ha sido rechazado por los diputados. Los desmovilizados no serán considerados como delincuentes políticos, algo que les eximía de ser extraditados a otros países y que dejaba abierta la posibilidad del indulto.Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo han dejado claro, no aceptarán una ley que les retire sus "derechos políticos" y que permita su extradición a EEUU. La última etapa del proceso podría echar por tierra los avances logrados desde su puesta en marcha en julio de 2003.Álvaro Uribe se encuentra, pues, en una encrucijada al recibir presiones desde dos frentes. Por un lado, las organizaciones humanitarias y las víctimas, que consideran que la ley de justicia y paz deja impune delitos graves contra la humanidad ya que contempla penas máximas de ocho años para los desmovilizados que hayan incurrido en delitos muy graves. Por otro, los guerrilleros, que aseguran que el tema de la extradición no es negociable y que no aceptarán una ley que no les garantice la reincorporación total a la vida civil.El líder de las AUC, Ernesto Báez, está a la espera de la decisión que tomen el Congreso y el Senado respecto a esta ley, que podría sufrir algún cambio. Si la ley se aprueba tal y como está en este momento, volverán a la montaña.Salvatore Mancuso, anterior jefe político de las AUC que se acogió al programa de reinserción, se ha mostrado en contra de una ley que, si no contempla el delito político, "no tiene ni pies ni cabeza". En una entrevista al diario El Meridiano de Córdoba Mancuso declaró que "sería una insensatez, y una irresponsabilidad con el futuro de Colombia, que la ley cercene a los desmovilizados de las AUC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (...) sus derechos políticos". Sin embargo, asegura que la guerrilla debe seguir dialogando y que él, personalmente, no está de acuerdo con la amenaza de Báez de volver a las armas porque "no es parte de la solución que Colombia está reclamando". "He dicho adiós a las armas no para retomarlas al día siguiente", concluyó Mancuso.El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha manifestado que no cederá a las presiones de los paramilitares y que la ley de "justicia y paz" seguirá adelante en el Congreso. El mandatario, además, afirma que estarán dispuestos al diálogo, siempre y cuando cesen las hostilidades.El pasado 5 de abril, un grupo de ex guerrilleros desmovilizados tomó la sede del Ministerio del Interior para pedir más ayudas económicas. Aseguran que el subsidio de tres meses que les otorgó el Gobierno se les ha acabado y que necesitan más apoyo económico para iniciar procesos productivos que les permitan reincorporarse a la vida civil. El grupo aseguró que Uribe no está cumpliendo con lo prometido en el pacto.La policía consiguió poner fin a la pequeña revuelta. El alcalde de Bogotá asegura que estos ex paramilitares son "una bomba de tiempo" porque Uribe ha concentrado un gran número de ellos en esa ciudad y suponen una amenaza para la seguridad de los ciudadanos.Todo son problemas para llegar a un estado de paz total en Colombia. Hay que recordar que, mientras el Gobierno continúa con el plan de paz, los guerrilleros de las FARC continúan asesinando cada semana. El ELN, también continúa sus operaciones mientras dialoga con el Gobierno y afirma que no dejará de secuestrar porque necesita financiarse.Por tanto, la situación es extrema. Si bien es cierto que la seguridad en el país ha mejorado desde julio de 2003, año en que se inició el proceso de desmovilización, la guerrilla se niega a poner fin a las hostilidades a la vez que el Gobierno no negociará con aquellos que aún utilicen la violencia.A pesar de que el crecimiento económico ha sido favorable desde que Uribe llegó a la Presidencia -en 2004 estuvo en torno al 4%- el tema de la seguridad continúa siendo un problema para captar inversión extranjera. Durante esta semana pasada el presidente colombiano ha viajado a China y Japón para conseguir atraer a los empresarios, como ya han hecho Chile y México, ya que el mercado asiático se está abriendo al mundo y se está convirtiendo en el objetivo de muchos países de la región. El comercio bilateral con China creció un 75% en 2004.En China, Uribe no encontró mucha dificultad ya que los chinos están priorizando sus relaciones con América Latina y Colombia es un país en el que ya cuentan con una inversión de 10.000 millones de dólares (7.802 millones de euros). Sin embargo, los nipones le advirtieron que no invertirán en el país andino a no ser en condiciones plenas de seguridad. Aún está reciente el recuerdo de un industrial japonés que fue secuestrado por las FARC en 2001 y asesinado en 2003.Por tanto, una ruptura del proceso de paz no sería un asunto político únicamente, afectaría directamente a la economía cuando parece que el país comienza a fortalecer su situación de estabilidad.Hasta el 31 de marzo 6.881 paramilitares se han acogido al programa oficial de reinserción.CLB PLT