LA GATA, LA AYUDANTE DEL MAFIOSO Y SU EJERCITO
ESTA ES LA HISTORIA DEL EJERCITO PRIVADO DE ENILCE, LA GATA DE URIBE VELEZ
Ejércitos privados en la mira La captura de Enilce López, 'La Gata', que tenía más de 80 guardespaldas,dejó al descubierto que faltan controles sobre los departamentos de seguridad privada ¿Sabe el gobierno a quién le está autorizando escoltas y armas? Dos cosas hicieron que durante muchos años Enilce López, 'La Gata', fuera intocable en la Costa: el dinero con el que compraba a los políticos, y su vistoso ejército privado. López siempre se movía en caravanas de carros blindados, rodeada de escoltas: tenía a su servicio 180 guardias de seguridad, por lo menos 30 de ellos con lustrosas subametralladoras. Sólo el día de su arresto estaba rodeada de 40 guardaespaldas, algunos de los cuales intentaron impedir la acción de la Fiscalía.
Este 'ejército privado' le había sido autorizado a 'La Gata' a través de sus empresas de chance y de su hijo Jorge Luis Alfonso López, alcalde de Magangué. El año pasado, ante la sospecha de que la controvertida empresaria estaba involucrada en negocios ilícitos, el entonces superintendente de vigilancia, Hernán Sanín -actual viceministro de Defensa-, le canceló estas licencias. Extrañamente, 'La Gata' obtuvo copia de las resoluciones antes de que éstas fueran oficiales e interpuso de inmediato una tutela, que ganó en primera instancia en un tribunal de la Costa, tras alegar que su vida corría grave peligro. Los múltiples atentados que le han hecho sus enemigos le sirvieron de excusa para seguir rodeada de escoltas. 'La Gata' logró tener más seguridad que Luis Carlos Sarmiento Angulo, que para todas sus empresas tiene autorizados 130 escoltas, o que Bavaria, que cuenta con 112, o una empresa de la magnitud de El Cerrejón, que tiene 80.
Lo paradójico es que ni en ese momento, ni aun ahora que la controvertida mujer se encuentra en la cárcel, ha sido posible desarmar todo su ejército. Aunque las licencias de Aposucre, Unicat, y la de su hijo han sido revocadas, aún sigue vigente la de su empresa Uniapuestas.
El polvorín de Corabastos Los esmeralderos ‘El cebollero’ de Itagüí El casanareño El transportador de Bello
PUBLICIDAD Este caso es una alerta sobre el poco control que hay sobre estos 'ejércitos privados' y los riesgos que ello significa. "El talón de Aquiles siempre han sido los departamentos de seguridad", dice el superintendente, Fernando Segura Aranzazu. Esta es una figura creada hace 12 años para que empresas y personas de alto riesgo de ser secuestrados o atacados se defendieran por sí mismas, ya que el Estado no podía garantizarles la seguridad. No trata de celadores, sino de escoltas que se pueden moverse por todo el país con sus armas, incluso con armas de uso restringido. En el país hay autorizados 1.456 de estos departamentos, la mayoría de ellos al servicio de empresas que trabajan en la legalidad, y que combinan varios sistemas de vigilancia. Pero en la lista se han colado muchos otros 'gatos', que los usan para actividades ilícitas. Lo grave es que nadie sabe quiénes son, cuántas armas tienen ni si las están usando para intimidar a otros. La Superintendencia sólo tiene 10 inspectores para todo el país y ha terminado por anular algunas licencias cuando ya los personajes están en las primeras planas de los periódicos, señalados como delincuentes.
Algo así ocurrió la semana pasada cuando un delegado de la Superintendencia de Vigilancia viajó a Bucaramanga y se enteró de que John Horacio Rueda, un destacado comerciante de oro que tenía un departamento de seguridad aprobado y en regla, está prófugo de la justicia desde junio de 2005. En ese momento, las autoridades allanaron y confiscaron sus propiedades porque descubrieron que su compraventa de oro esa la fachada para el lavado de activos. Igual ocurrió con el complejo turístico Las Gaviotas, en extinción de dominio desde 2004, que tiene aún licencia para 40 escoltas. Este departamento de seguridad está a nombre de Hugo Urrea Duque, quien fue acusado por la Fiscalía por lavado de activos.
Estos casos no son nuevos. Hace tres años, en la primera purga que se hizo a los departamentos de seguridad, se encontró, por ejemplo, que las familias de los Rodríguez Orejuela, y de narcotraficantes como 'Chupeta' tenían legalizados sus 'ejércitos' y ponían al frente de estos departamentos a sus familiares que no tienen antecedentes jurídicos. En aquel entonces, también se cancelaron licencias de personas que podrían tener nexos con los paramilitares, como fue el caso de Saúl Severini, hermano del alcalde de Pivijay, Magdalena.
"A través de la licencia la gente obtenía las armas y nunca más se volvía a saber de ellos, hasta que pedían la renovación", admite Segura. Sencillamente, no hay suficiente control sobre las armas y los escoltas. A eso se suma que no hay una buena coordinación con otras entidades del Estado y que hay corrupción dentro de la Superintendencia, como quedó demostrado con la filtración de las resoluciones contra la 'La Gata'.
Pero no todo el problema está en la Superintendencia de Vigilancia, como lo demostró de nuevo el caso de 'La Gata'. El año pasado, dos policías detuvieron a su medio hermano por conducir borracho. El alcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, hijo de 'La Gata', acompañado de ocho escoltas, humilló a los policías y les ordenó liberar al infractor. El ejército privado había logrado acorralar a la Policía, con la aquiescencia del alcalde. En enero, la Infantería de Marina reportó además que uno de los escoltas cargaba ilegalmente un fusil M-16, que es de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que le había sido entregado a López en una guarnición militar.
Precisamente el comando general de las Fuerzas Militares es el encargado de controlar la tenencia y el porte de armas. Pero, a todas luces, sus controles no están funcionando. "Sorprende que organizaciones que luego se descubren como ilegales tengan departamentos de seguridad amparados. ¿Por qué muchos de ellos tienen armas de guerra?", se pregunta el especialista en seguridad Hugo Acero.
A medida que los índices de seguridad del país han mejorado, muchas empresas, como es lógico, han reducido sus escoltas. Y se han hecho más estrictos los requisitos. En los últimos tres años se cancelaron 300 licencias. Y cada vez se niegan más. Mientras en 2002 se negaron dos, el año pasado, 104. Sin embargo, muchas preocupaciones recaen sobre las que ya existen.
No se trata de estigmatizar toda la seguridad privada, necesaria en un país con los problemas de Colombia. Pero justamente porque el país vive una guerra interna es que los departamentos de seguridad deben meterse en cintura. Más aun cuando se prevé una explosión de 'ejércitos' privados en las regiones donde se han desmovilizado los paramilitares. Ya los ganaderos en San Alberto (Cesar) y en Barrancabermeja (Santander) les han solicitado al Presidente y al Ejército que los dejen armarse para defenderse de posibles incursiones de la guerrilla. No tiene sentido que mientras el Estado se esfuerza por recuperar el monopolio de la fuerza desarmando a las AUC y combatiendo duramente a las Farc, se permita volver al mismo ciclo de autodefensa que ha demostrado ser tan peligroso como los males que pretende combatir. Un ciclo de violencia que peligrosamente se podría amparar en unos departamentos de seguridad que no tienen control.
Ejércitos privados en la mira La captura de Enilce López, 'La Gata', que tenía más de 80 guardespaldas,dejó al descubierto que faltan controles sobre los departamentos de seguridad privada ¿Sabe el gobierno a quién le está autorizando escoltas y armas? Dos cosas hicieron que durante muchos años Enilce López, 'La Gata', fuera intocable en la Costa: el dinero con el que compraba a los políticos, y su vistoso ejército privado. López siempre se movía en caravanas de carros blindados, rodeada de escoltas: tenía a su servicio 180 guardias de seguridad, por lo menos 30 de ellos con lustrosas subametralladoras. Sólo el día de su arresto estaba rodeada de 40 guardaespaldas, algunos de los cuales intentaron impedir la acción de la Fiscalía.
Este 'ejército privado' le había sido autorizado a 'La Gata' a través de sus empresas de chance y de su hijo Jorge Luis Alfonso López, alcalde de Magangué. El año pasado, ante la sospecha de que la controvertida empresaria estaba involucrada en negocios ilícitos, el entonces superintendente de vigilancia, Hernán Sanín -actual viceministro de Defensa-, le canceló estas licencias. Extrañamente, 'La Gata' obtuvo copia de las resoluciones antes de que éstas fueran oficiales e interpuso de inmediato una tutela, que ganó en primera instancia en un tribunal de la Costa, tras alegar que su vida corría grave peligro. Los múltiples atentados que le han hecho sus enemigos le sirvieron de excusa para seguir rodeada de escoltas. 'La Gata' logró tener más seguridad que Luis Carlos Sarmiento Angulo, que para todas sus empresas tiene autorizados 130 escoltas, o que Bavaria, que cuenta con 112, o una empresa de la magnitud de El Cerrejón, que tiene 80.
Lo paradójico es que ni en ese momento, ni aun ahora que la controvertida mujer se encuentra en la cárcel, ha sido posible desarmar todo su ejército. Aunque las licencias de Aposucre, Unicat, y la de su hijo han sido revocadas, aún sigue vigente la de su empresa Uniapuestas.
El polvorín de Corabastos Los esmeralderos ‘El cebollero’ de Itagüí El casanareño El transportador de Bello
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Algo así ocurrió la semana pasada cuando un delegado de la Superintendencia de Vigilancia viajó a Bucaramanga y se enteró de que John Horacio Rueda, un destacado comerciante de oro que tenía un departamento de seguridad aprobado y en regla, está prófugo de la justicia desde junio de 2005. En ese momento, las autoridades allanaron y confiscaron sus propiedades porque descubrieron que su compraventa de oro esa la fachada para el lavado de activos. Igual ocurrió con el complejo turístico Las Gaviotas, en extinción de dominio desde 2004, que tiene aún licencia para 40 escoltas. Este departamento de seguridad está a nombre de Hugo Urrea Duque, quien fue acusado por la Fiscalía por lavado de activos.
Estos casos no son nuevos. Hace tres años, en la primera purga que se hizo a los departamentos de seguridad, se encontró, por ejemplo, que las familias de los Rodríguez Orejuela, y de narcotraficantes como 'Chupeta' tenían legalizados sus 'ejércitos' y ponían al frente de estos departamentos a sus familiares que no tienen antecedentes jurídicos. En aquel entonces, también se cancelaron licencias de personas que podrían tener nexos con los paramilitares, como fue el caso de Saúl Severini, hermano del alcalde de Pivijay, Magdalena.
"A través de la licencia la gente obtenía las armas y nunca más se volvía a saber de ellos, hasta que pedían la renovación", admite Segura. Sencillamente, no hay suficiente control sobre las armas y los escoltas. A eso se suma que no hay una buena coordinación con otras entidades del Estado y que hay corrupción dentro de la Superintendencia, como quedó demostrado con la filtración de las resoluciones contra la 'La Gata'.
Pero no todo el problema está en la Superintendencia de Vigilancia, como lo demostró de nuevo el caso de 'La Gata'. El año pasado, dos policías detuvieron a su medio hermano por conducir borracho. El alcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, hijo de 'La Gata', acompañado de ocho escoltas, humilló a los policías y les ordenó liberar al infractor. El ejército privado había logrado acorralar a la Policía, con la aquiescencia del alcalde. En enero, la Infantería de Marina reportó además que uno de los escoltas cargaba ilegalmente un fusil M-16, que es de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que le había sido entregado a López en una guarnición militar.
Precisamente el comando general de las Fuerzas Militares es el encargado de controlar la tenencia y el porte de armas. Pero, a todas luces, sus controles no están funcionando. "Sorprende que organizaciones que luego se descubren como ilegales tengan departamentos de seguridad amparados. ¿Por qué muchos de ellos tienen armas de guerra?", se pregunta el especialista en seguridad Hugo Acero.
A medida que los índices de seguridad del país han mejorado, muchas empresas, como es lógico, han reducido sus escoltas. Y se han hecho más estrictos los requisitos. En los últimos tres años se cancelaron 300 licencias. Y cada vez se niegan más. Mientras en 2002 se negaron dos, el año pasado, 104. Sin embargo, muchas preocupaciones recaen sobre las que ya existen.
No se trata de estigmatizar toda la seguridad privada, necesaria en un país con los problemas de Colombia. Pero justamente porque el país vive una guerra interna es que los departamentos de seguridad deben meterse en cintura. Más aun cuando se prevé una explosión de 'ejércitos' privados en las regiones donde se han desmovilizado los paramilitares. Ya los ganaderos en San Alberto (Cesar) y en Barrancabermeja (Santander) les han solicitado al Presidente y al Ejército que los dejen armarse para defenderse de posibles incursiones de la guerrilla. No tiene sentido que mientras el Estado se esfuerza por recuperar el monopolio de la fuerza desarmando a las AUC y combatiendo duramente a las Farc, se permita volver al mismo ciclo de autodefensa que ha demostrado ser tan peligroso como los males que pretende combatir. Un ciclo de violencia que peligrosamente se podría amparar en unos departamentos de seguridad que no tienen control.
posted by JUAN JOSE at 4:36 PM
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