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El proceso de paz en Colombia, en su momento más crítico

Los paramilitares se adueñan del futuro de Uribe
Por Carolina CaroLa situación de paz que ha logrado Álvaro Uribe en Colombia y que le ha situado como uno de los presidentes con mayor popularidad de la región puede llegar a su fin. Mientras los guerrilleros desmovilizados piden más dinero, los paramilitares amenazan con dejar la mesa de diálogo y volver a las armas. El mayor logro de Uribe puede convertirse en su mayor fracaso.Si el proyecto de ley "justicia y paz" es aprobado en el Congreso, los guerrilleros volverán a armarse. Con el proyecto de ley para permitir la reelección de los presidentes en proceso de aprobación, Álvaro Uribe se enfrenta a un momento crítico en su administración. Si el plan fracasa el presidente recibirá un duro golpe del que no podrá recuperarse a tiempo ante la inminente cercanía de las elecciones, en mayo de 2006.Este proyecto de ley ha sido debatido esta semana en el Congreso y ha superado el primero de los debates, sin embargo, uno de los puntos que garantizaban el diálogo con la guerrilla ha sido rechazado por los diputados. Los desmovilizados no serán considerados como delincuentes políticos, algo que les eximía de ser extraditados a otros países y que dejaba abierta la posibilidad del indulto.Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo han dejado claro, no aceptarán una ley que les retire sus "derechos políticos" y que permita su extradición a EEUU. La última etapa del proceso podría echar por tierra los avances logrados desde su puesta en marcha en julio de 2003.Álvaro Uribe se encuentra, pues, en una encrucijada al recibir presiones desde dos frentes. Por un lado, las organizaciones humanitarias y las víctimas, que consideran que la ley de justicia y paz deja impune delitos graves contra la humanidad ya que contempla penas máximas de ocho años para los desmovilizados que hayan incurrido en delitos muy graves. Por otro, los guerrilleros, que aseguran que el tema de la extradición no es negociable y que no aceptarán una ley que no les garantice la reincorporación total a la vida civil.El líder de las AUC, Ernesto Báez, está a la espera de la decisión que tomen el Congreso y el Senado respecto a esta ley, que podría sufrir algún cambio. Si la ley se aprueba tal y como está en este momento, volverán a la montaña.Salvatore Mancuso, anterior jefe político de las AUC que se acogió al programa de reinserción, se ha mostrado en contra de una ley que, si no contempla el delito político, "no tiene ni pies ni cabeza". En una entrevista al diario El Meridiano de Córdoba Mancuso declaró que "sería una insensatez, y una irresponsabilidad con el futuro de Colombia, que la ley cercene a los desmovilizados de las AUC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (...) sus derechos políticos". Sin embargo, asegura que la guerrilla debe seguir dialogando y que él, personalmente, no está de acuerdo con la amenaza de Báez de volver a las armas porque "no es parte de la solución que Colombia está reclamando". "He dicho adiós a las armas no para retomarlas al día siguiente", concluyó Mancuso.El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha manifestado que no cederá a las presiones de los paramilitares y que la ley de "justicia y paz" seguirá adelante en el Congreso. El mandatario, además, afirma que estarán dispuestos al diálogo, siempre y cuando cesen las hostilidades.El pasado 5 de abril, un grupo de ex guerrilleros desmovilizados tomó la sede del Ministerio del Interior para pedir más ayudas económicas. Aseguran que el subsidio de tres meses que les otorgó el Gobierno se les ha acabado y que necesitan más apoyo económico para iniciar procesos productivos que les permitan reincorporarse a la vida civil. El grupo aseguró que Uribe no está cumpliendo con lo prometido en el pacto.La policía consiguió poner fin a la pequeña revuelta. El alcalde de Bogotá asegura que estos ex paramilitares son "una bomba de tiempo" porque Uribe ha concentrado un gran número de ellos en esa ciudad y suponen una amenaza para la seguridad de los ciudadanos.Todo son problemas para llegar a un estado de paz total en Colombia. Hay que recordar que, mientras el Gobierno continúa con el plan de paz, los guerrilleros de las FARC continúan asesinando cada semana. El ELN, también continúa sus operaciones mientras dialoga con el Gobierno y afirma que no dejará de secuestrar porque necesita financiarse.Por tanto, la situación es extrema. Si bien es cierto que la seguridad en el país ha mejorado desde julio de 2003, año en que se inició el proceso de desmovilización, la guerrilla se niega a poner fin a las hostilidades a la vez que el Gobierno no negociará con aquellos que aún utilicen la violencia.A pesar de que el crecimiento económico ha sido favorable desde que Uribe llegó a la Presidencia -en 2004 estuvo en torno al 4%- el tema de la seguridad continúa siendo un problema para captar inversión extranjera. Durante esta semana pasada el presidente colombiano ha viajado a China y Japón para conseguir atraer a los empresarios, como ya han hecho Chile y México, ya que el mercado asiático se está abriendo al mundo y se está convirtiendo en el objetivo de muchos países de la región. El comercio bilateral con China creció un 75% en 2004.En China, Uribe no encontró mucha dificultad ya que los chinos están priorizando sus relaciones con América Latina y Colombia es un país en el que ya cuentan con una inversión de 10.000 millones de dólares (7.802 millones de euros). Sin embargo, los nipones le advirtieron que no invertirán en el país andino a no ser en condiciones plenas de seguridad. Aún está reciente el recuerdo de un industrial japonés que fue secuestrado por las FARC en 2001 y asesinado en 2003.Por tanto, una ruptura del proceso de paz no sería un asunto político únicamente, afectaría directamente a la economía cuando parece que el país comienza a fortalecer su situación de estabilidad.Hasta el 31 de marzo 6.881 paramilitares se han acogido al programa oficial de reinserción.CLB PLT