EL REGALO DE URIBE
El regalo de Álvaro Uribe:
la mafia colombiana se legaliza
De Agorateca, el sitio de debate libre.
Título original: Álvaro Uribe’s gift: Colombia’s mafia goes legit (http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/uribe_2958.jsp)
Autora: Isabel Hilton
Fecha de publicación: 25 de octubre de 2005
Traducción (floja, eso sí): Julián Ortega Martínez
El plan de Colombia para desmovilizar e integrar a las violentas y narcotraficantes mafias paramilitares es una invitación para criminalizar el estado, según Isabel Hilton.
En el encuentro de ministros de exteriores en Luxemburgo, el 3 de octubre de 2005, la Unión Europea le dio un visto bueno con reservas a un plan de paz para Colombia, el cual las organizaciones de derechos humanos creen que afianzará el poder político y económico de una mafia criminal culpable de narcotráfico, extorsión y flagrantes violaciones de los derechos humanos.
El plan fue concebido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Velez, quien el 19 de octubre recibió el respaldo legal para una reforma a la Constitución colombiana que le permitirá postularse para otro periodo presidencial en las elecciones de mayo de 2006. El plan de paz está consagrado en la Ley de Justicia y Paz, aprobada luego de un intenso debate en junio de 2005 y considerada tan imperfecta por varias organizaciones internacionales que es improbable que traiga justicia o paz.
La ley debe pasar la revisión de la Corte Constitucional, que la puede derogar, pero antes de eso pasarán varios meses y es posible que esa decisión llegue demasiado tarde y no pueda contener las prisas del gobierno por aplicar el plan.
Aún antes de que todo este proceso legal se complete, un informe confidencial de la UE recomienda (brindar) "un discreto apoyo político y cauta ayuda práctica" al plan, mientras advierte que tiene un "énfasis insuficiente en la necesidad de un efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares", que difumina las distinciones entre lo político y lo criminal y no permite el tiempo suficiente para la investigación de los crímenes así como (otorga) "oportunidades limitadas para que las víctimas reciban las reparaciones".
Diplomáticos franceses han "expresado serias reservas" sobre el informe y dudan de si la ley puede entregar resultados positivos. A pesar de estas advertencias, la cumbre de cancilleres de la UE de Luxemburgo le dio su aprobación.
[editar]Una cultura de la violencia
El plan aparenta ofrecerle paz a un país arruinado por más de cuatro décadas de conflicto interno. Estipula la desmovilización de los grupos armados tanto de izquierda como derecha, pero hasta ahora, los mayores beneficiarios han sido las fuerzas paramilitares de extrema derecha colombianas, las cuales Estados Unidos y la Unión Europea consideran -junto con las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- como organizaciones terroristas. Los EUA también los reconocen como los mayores traficantes de cocaína colombianos.
Uno de los beneficiarios del plan, en forma de miembro "desmovilizado" de un grupo paramilitar, lo ha descrito como "una farsa... una manera de acallar al sistema y volver otra vez, comenzar de nuevo desde el otro lado". Otro pistolero admitió que había estado involucrado en masacres de hombres, mujeres y niños: "A veces uno los mata con machete, porque a uno no le queda otra cosa". Ahora, porta un certificado del gobierno asegurando que él "no tiene problemas con la justicia".
El gobierno Uribe ha realizado un intenso 'lobby' por la respetabilidad internacional del plan y ha acusado a las organizaciones de derechos humanos que se oponen a él de simpatizar con las guerrillas de izquierda colombianas. El visto bueno del consejo de cancilleres de la Unión Europea es considerado una gran victoria diplomática. Pero el plan consagrará el poder de una mafia criminal que se ha enriquecido por más de veinte años de alarmante violencia, financiada por las ganancias de la cocaína y de otros negocios ilícitos.
Con la generosa ayuda del ejército colombiano y de ricos terratenientes (quienes, como un paramilitar explicó, "nos pagaban como si fuéramos sus escoltas") esta mafia se ha apoderado de grandes extensiones de tierra para el cultivo de la coca y ahora se jacta de sus ganancias. "No era una lucha por Colombia. Era una guerra del narcotráfico", dijo un ex comandante de cuadrilla.
Un paramilitar aclaró que sus comandantes nunca dejarían sus negocios ilícitos: "El proceso de desmovilización es una manera de limpiar a los mandamases. Hay un sistema: entran a una finca, matan o echan a un hacendado y esa finca es entonces transferida a uno de los de la línea dura… Cuando ingresan a la legalidad (al desmovilizarse), van a decir que ya poseían esa tierra desde antes".
Hace dos años, algunos comandantes paramilitares iniciaron diálogos con el gobierno con la esperanza de evitar la extradición a los Estados Unidos por narcotráfico. Desde entonces, miles de hombres armados han ingresado a los programas de reinserción gubernamentales. La ley de Justicia y Paz acelerará este proceso; apoyada por sus laxos términos, una fuerza de 400 hombres que un señor de la droga heredó de Pablo Escobar, el narcotraficante más conocido de Colombia, se ha unido al programa.
[editar]Un sistema de impunidad
Los términos de la ley le dan virtual impunidad a esta mafia: sus miembros no son obligados a confesar, sino que se les recompensa generosamente por una "declaración voluntaria". Un juez sólo tiene treinta y seis horas para decidir un juicio y, aún así, las sentencias son leves. A cambio, un narcotraficante puede evitar la extradición alegando excepción de cosa juzgada. Entonces queda libre para conservar sus bienes robados y aspirar al congreso.
Si son elegidos, los jefes paramilitares colombianos pueden encontrar agradable compañía, según un importante comandante, Vicente Castaño Gil, quien ha hecho alarde de que el 35% de los miembros del Congreso nacional de Colombia son "amigos" de los paramilitares (http://es.wikinews.org/wiki/Jefe_paramilitar_declara_en_entrevista_que_las_AUC_controlan_el_35%25_del_congreso_colombiano) y predice que "para las próximas elecciones, (los paramilitares) habrán incrementado ese porcentaje".
Incluso ahora, la mafia paramilitar controla muchas comunidades, incluyendo gran parte de la ciudad de Medellín, y tienen el suficiente dinero para reclutar nuevos miembros para reemplazar a aquellos que se reinserten. El gobierno admite que los narcotraficantes poseen cerca del 50% de las mejores tierras colombianas y, bajo el plan, serán capaces de ingresar a la sociedad con su capital, su poder político y sus redes criminales intactos.
La inversión que han hecho en política ha valido la pena. Iván Roberto Duque (también conocido como Ernesto Báez), un líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, una importante fuerza paramilitar, ha reconocido que quiere "legitimar el poder de las AUC e incluirlo en un gran movimiento político". Explicó que "por muchos años... (los paramilitares) han intervenido en política, introduciéndose íntima y permanentemente en los procesos (políticos) locales y regionales, y construido estructuras de política regional y local".
Como explica un reciente estudio, el objetico principal es "lograr el monopolio de una serie de actividades que son propensas al control del crimen organizado, como las ventas mayoristas, la extorsión y el chantaje, el narcotráfico y, como meta superior, la apropiación del poder político en las ciudades". Los políticos legítimos advierten que este plan significará que la democracia colombiana quedará subordinada a estos grupos criminales.
Un detallado informe de Human Rights Watch encuentra que el gobierno de Uribe apenas ha intentado quebrar el poder de los grupos que la Comisión Colombiana de Juristas estima que han asesinado a cerca de 13.000 personas desde 1996 (y esta cifra excluye secuestros, tortura y extorsión o desplazamiento forzado). Hay una escasa esperanza de justicia para las víctimas: de los 5.000 paramilitares que se han desmovilizado, sólo veinticinco han sido detenidos por atrocidades hasta abril de 2005. El gobierno afirma que hay un cese al fuego paramilitar, pero se ha hecho el de la vista gorda ante las reiteradas violaciones: un comandante está volviendo a la legalidad aun después de ordenar el asesinato de un congresista en abril.
El gobierno de Uribe ha ignorado las críticas de la ley desde una amplia gama de fuentes -incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios senadores estadounidenses y una serie de organizaciones no gubernamentales. El propio informe de la Unión Europea reconoce varias de estas preocupaciones. Lo impactante es que, a su juicio, eso parece hacer muy poca diferencia.
la mafia colombiana se legaliza
De Agorateca, el sitio de debate libre.
Título original: Álvaro Uribe’s gift: Colombia’s mafia goes legit (http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/uribe_2958.jsp)
Autora: Isabel Hilton
Fecha de publicación: 25 de octubre de 2005
Traducción (floja, eso sí): Julián Ortega Martínez
El plan de Colombia para desmovilizar e integrar a las violentas y narcotraficantes mafias paramilitares es una invitación para criminalizar el estado, según Isabel Hilton.
En el encuentro de ministros de exteriores en Luxemburgo, el 3 de octubre de 2005, la Unión Europea le dio un visto bueno con reservas a un plan de paz para Colombia, el cual las organizaciones de derechos humanos creen que afianzará el poder político y económico de una mafia criminal culpable de narcotráfico, extorsión y flagrantes violaciones de los derechos humanos.
El plan fue concebido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Velez, quien el 19 de octubre recibió el respaldo legal para una reforma a la Constitución colombiana que le permitirá postularse para otro periodo presidencial en las elecciones de mayo de 2006. El plan de paz está consagrado en la Ley de Justicia y Paz, aprobada luego de un intenso debate en junio de 2005 y considerada tan imperfecta por varias organizaciones internacionales que es improbable que traiga justicia o paz.
La ley debe pasar la revisión de la Corte Constitucional, que la puede derogar, pero antes de eso pasarán varios meses y es posible que esa decisión llegue demasiado tarde y no pueda contener las prisas del gobierno por aplicar el plan.
Aún antes de que todo este proceso legal se complete, un informe confidencial de la UE recomienda (brindar) "un discreto apoyo político y cauta ayuda práctica" al plan, mientras advierte que tiene un "énfasis insuficiente en la necesidad de un efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares", que difumina las distinciones entre lo político y lo criminal y no permite el tiempo suficiente para la investigación de los crímenes así como (otorga) "oportunidades limitadas para que las víctimas reciban las reparaciones".
Diplomáticos franceses han "expresado serias reservas" sobre el informe y dudan de si la ley puede entregar resultados positivos. A pesar de estas advertencias, la cumbre de cancilleres de la UE de Luxemburgo le dio su aprobación.
[editar]Una cultura de la violencia
El plan aparenta ofrecerle paz a un país arruinado por más de cuatro décadas de conflicto interno. Estipula la desmovilización de los grupos armados tanto de izquierda como derecha, pero hasta ahora, los mayores beneficiarios han sido las fuerzas paramilitares de extrema derecha colombianas, las cuales Estados Unidos y la Unión Europea consideran -junto con las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- como organizaciones terroristas. Los EUA también los reconocen como los mayores traficantes de cocaína colombianos.
Uno de los beneficiarios del plan, en forma de miembro "desmovilizado" de un grupo paramilitar, lo ha descrito como "una farsa... una manera de acallar al sistema y volver otra vez, comenzar de nuevo desde el otro lado". Otro pistolero admitió que había estado involucrado en masacres de hombres, mujeres y niños: "A veces uno los mata con machete, porque a uno no le queda otra cosa". Ahora, porta un certificado del gobierno asegurando que él "no tiene problemas con la justicia".
El gobierno Uribe ha realizado un intenso 'lobby' por la respetabilidad internacional del plan y ha acusado a las organizaciones de derechos humanos que se oponen a él de simpatizar con las guerrillas de izquierda colombianas. El visto bueno del consejo de cancilleres de la Unión Europea es considerado una gran victoria diplomática. Pero el plan consagrará el poder de una mafia criminal que se ha enriquecido por más de veinte años de alarmante violencia, financiada por las ganancias de la cocaína y de otros negocios ilícitos.
Con la generosa ayuda del ejército colombiano y de ricos terratenientes (quienes, como un paramilitar explicó, "nos pagaban como si fuéramos sus escoltas") esta mafia se ha apoderado de grandes extensiones de tierra para el cultivo de la coca y ahora se jacta de sus ganancias. "No era una lucha por Colombia. Era una guerra del narcotráfico", dijo un ex comandante de cuadrilla.
Un paramilitar aclaró que sus comandantes nunca dejarían sus negocios ilícitos: "El proceso de desmovilización es una manera de limpiar a los mandamases. Hay un sistema: entran a una finca, matan o echan a un hacendado y esa finca es entonces transferida a uno de los de la línea dura… Cuando ingresan a la legalidad (al desmovilizarse), van a decir que ya poseían esa tierra desde antes".
Hace dos años, algunos comandantes paramilitares iniciaron diálogos con el gobierno con la esperanza de evitar la extradición a los Estados Unidos por narcotráfico. Desde entonces, miles de hombres armados han ingresado a los programas de reinserción gubernamentales. La ley de Justicia y Paz acelerará este proceso; apoyada por sus laxos términos, una fuerza de 400 hombres que un señor de la droga heredó de Pablo Escobar, el narcotraficante más conocido de Colombia, se ha unido al programa.
[editar]Un sistema de impunidad
Los términos de la ley le dan virtual impunidad a esta mafia: sus miembros no son obligados a confesar, sino que se les recompensa generosamente por una "declaración voluntaria". Un juez sólo tiene treinta y seis horas para decidir un juicio y, aún así, las sentencias son leves. A cambio, un narcotraficante puede evitar la extradición alegando excepción de cosa juzgada. Entonces queda libre para conservar sus bienes robados y aspirar al congreso.
Si son elegidos, los jefes paramilitares colombianos pueden encontrar agradable compañía, según un importante comandante, Vicente Castaño Gil, quien ha hecho alarde de que el 35% de los miembros del Congreso nacional de Colombia son "amigos" de los paramilitares (http://es.wikinews.org/wiki/Jefe_paramilitar_declara_en_entrevista_que_las_AUC_controlan_el_35%25_del_congreso_colombiano) y predice que "para las próximas elecciones, (los paramilitares) habrán incrementado ese porcentaje".
Incluso ahora, la mafia paramilitar controla muchas comunidades, incluyendo gran parte de la ciudad de Medellín, y tienen el suficiente dinero para reclutar nuevos miembros para reemplazar a aquellos que se reinserten. El gobierno admite que los narcotraficantes poseen cerca del 50% de las mejores tierras colombianas y, bajo el plan, serán capaces de ingresar a la sociedad con su capital, su poder político y sus redes criminales intactos.
La inversión que han hecho en política ha valido la pena. Iván Roberto Duque (también conocido como Ernesto Báez), un líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, una importante fuerza paramilitar, ha reconocido que quiere "legitimar el poder de las AUC e incluirlo en un gran movimiento político". Explicó que "por muchos años... (los paramilitares) han intervenido en política, introduciéndose íntima y permanentemente en los procesos (políticos) locales y regionales, y construido estructuras de política regional y local".
Como explica un reciente estudio, el objetico principal es "lograr el monopolio de una serie de actividades que son propensas al control del crimen organizado, como las ventas mayoristas, la extorsión y el chantaje, el narcotráfico y, como meta superior, la apropiación del poder político en las ciudades". Los políticos legítimos advierten que este plan significará que la democracia colombiana quedará subordinada a estos grupos criminales.
Un detallado informe de Human Rights Watch encuentra que el gobierno de Uribe apenas ha intentado quebrar el poder de los grupos que la Comisión Colombiana de Juristas estima que han asesinado a cerca de 13.000 personas desde 1996 (y esta cifra excluye secuestros, tortura y extorsión o desplazamiento forzado). Hay una escasa esperanza de justicia para las víctimas: de los 5.000 paramilitares que se han desmovilizado, sólo veinticinco han sido detenidos por atrocidades hasta abril de 2005. El gobierno afirma que hay un cese al fuego paramilitar, pero se ha hecho el de la vista gorda ante las reiteradas violaciones: un comandante está volviendo a la legalidad aun después de ordenar el asesinato de un congresista en abril.
El gobierno de Uribe ha ignorado las críticas de la ley desde una amplia gama de fuentes -incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios senadores estadounidenses y una serie de organizaciones no gubernamentales. El propio informe de la Unión Europea reconoce varias de estas preocupaciones. Lo impactante es que, a su juicio, eso parece hacer muy poca diferencia.
posted by JUAN JOSE at 8:34 AM
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